
Opinión
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La nueva presión de la Junta de Supervisión Fiscal sobre el Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM) —para que aumente su eficiencia en los recaudos y ejecute propiedades con deudas de forma más agresiva— es un movimiento que, lejos de ser una solución, puede convertirse en otro golpe letal para miles de familias y para la economía de los municipios.
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