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La Ley 22 del 2012 fue aprobada con la intención de atraer capital extranjero, fomentar el crecimiento de la economía y promover el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico. Se pretendía auspiciar que individuos con inversiones en o fuera de los Estados Unidos que no fueran residentes de Puerto Rico establecieran su residencia aquí. Para incentivar el traslado de dichos individuos, la Ley 22 eximió totalmente del pago de contribuciones en Puerto Rico el ingreso pasivo devengado por estos. Al día de hoy, estos beneficios para “Individuos Residentes Inversionistas”, así les llaman, son recogidos por el Código de Incentivos de Puerto Rico, Ley 60 de 2019.
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