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Durante los años de la perestroika ―de 1985 a 1991, aproximadamente―, aprovechando la apertura política que se produjo en aquel momento, se publicaron informes que revelaban el estado de las empresas estatales en la Unión Soviética. El Estado totalitario era propietario de casi 90% de los bienes que se producían en aquel mundo de sometimiento y represión. Cada empresa, incluso las de pequeño tamaño, operaba como una célula política-policial: había comisarios e informantes, fiscales de cada proceso, funcionarios dedicados a vigilar a obreros y empleados, jefes del Partido Comunista dedicados a las labores de la corrupción. Imperaba el terror: quienes se atrevieran a expresar alguna crítica al régimen, no solo eran despedidos sino que, con insólita frecuencia, era detenidos, torturados y llevados a juicio, acusados por el delito de “sabotaje a los intereses del pueblo”.
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