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A partir de enero, luego de un proceso democrático, nuevos líderes tomarán las riendas del páis. Son ellos quienes, de estimarlo pertinente y a tono con su visión, decidirán enmendar el marco jurídico de la política pública energética existente o transformarla radicalmente. El cuerpo colegiado que me honro en dirigir no establece política pública, solo la interpreta y la implementa. Claro está, en cada una de las decisiones que tomemos a futuro en el Negociado de Energía de la Junta Reglamentadora de Servicio Público, indiscutiblemente se considerará cualquier cambio válido, ya sea local o federal.
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