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El 30 de enero de 2025, se aprobó el Proyecto del Senado 61. La medida, llevada a votación sin anuncio previo en el calendario legislativo, propone enmendar la “Ley de contratación de confinados para la realización de diversas tareas en instrumentalidades públicas como parte del proceso de rehabilitación” (Ley 166, 2009). Su fin, de acuerdo con la Exposición de Motivos, es reinsertar socialmente a las personas encarceladas mediante la obtención de un empleo mientras extinguen su pena. La pieza legislativa pretende extender dichas contrataciones al sector privado.
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