El sistema electoral de Puerto Rico debe aspirar a una distribución equitativa de tareas y poderes, respetando la libertad de asociación y evitando que se menoscaben los derechos del elector, escriben Fermín Arraiza y Lolimar Escudero
El sistema electoral de Puerto Rico debe aspirar a una distribución equitativa de tareas y poderes, respetando la libertad de asociación y evitando que se menoscaben los derechos del elector, escriben Fermín Arraiza y Lolimar Escudero
Las elecciones 2020 fueron caracterizadas por irregularidades, falta de transparencia y desorganización de parte de la Comisión Estatal de Elecciones. La pandemia del COVID-19 exacerbó la crisis electoral, en momentos en que se imponía un nuevo Código Electoral, que se aprobó con un solo día de vista pública. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) tiene el deber de velar por la protección y promoción de los derechos civiles, entre ellos el derecho al voto. La manera en que se aprobó el nuevo código dejó un mal sabor. Múltiples sectores de nuestra sociedad se opusieron a su aprobación por concentrar el control de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en los partidos mayoritarios bajo el concepto de “partidos propietarios”.
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