Cuando leí en este diario que el acto de dictar sentencia contra el conductor ebrio que causó la amputación de una pierna a su víctima había sido suspendido porque la oficial sociopenal a cargo de preparar el informe presentencia no lo había hecho, me remonté de inmediato a mi época de juez en Carolina. Y para que comprendan lo que pensé me refiero a que, para mí, hay dos tipos de casos: (1) el de interés limitado a la víctima y sus familiares y amigos cercanos y (2) el de aquellos que son de gran interés público, de mucha notoriedad mediática, bien por las circunstancias llamativas que rodearon los hechos criminosos (o su resultado) o bien porque es un caso de corrupción gubernamental por el cual somos todos los perjudicados. Los segundos son los que generalmente arrastran a periodistas y camarógrafos a las salas de justicia y sus afueras y en los que se atosiga al arrestado, micrófono en mano, con preguntas usualmente incriminatorias para las que no hay que hacerle las advertencias Miranda (”Usted tiene derecho a guardar silencio porque todo lo que diga…, etc.).