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La prudencia me aconseja callar, pero la responsabilidad cívica, agarrochada por la experiencia, me obliga en contrario. Debo plantear que en el evento electoral en proceso pueden ocurrir incidentes rudos activados por la nueva ley electoral implantándose en un ambiente político disfuncional. Esto, acompañado por una opinión judicial que, cuando percole en la consciencia social, fraccionará el basamento político puertorriqueño.
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