Sin la participación activa de la academia puertorriqueña, nuestro país nunca saldrá adelante. En las últimas décadas, la isla ha enfrentado una serie de serios desafíos en materia de políticas públicas, desde cambios demográficos, que han llevado a la isla a perder casi un millón de residentes, hasta una crisis energética que deja semanalmente a miles de familias sin electricidad. A lo anterior se suma la insolvencia, tanto del gobierno general como de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que se declaró en bancarrota en 2017. Y ni hablemos de los retos en términos de la criminalidad, la violencia y gangas que trafican drogas, los desafíos en el área de salud pública y la brecha digital en aumento. A pesar de la gravedad de todos estos problemas, la Universidad de Puerto Rico (UPR), nuestra principal institución de educación superior, ha permanecido mayormente al margen a la hora de diseñar políticas públicas. Esto no es sólo una oportunidad perdida para la UPR, sino una pérdida significativa para todo Puerto Rico.