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La carencia de medidas efectivas para prevenir el fraude figura entre los señalamientos del informe de la auditoría que realizó la Oficina del Inspector General en el Departamento de la Vivienda recientemente. La información al respecto preocupa porque se trata de una agencia receptora de fondos de recuperación y mitigación. Esas asignaciones superan los $20,000 millones tras los huracanes del 2017.
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