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20 de febrero de 2025
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Desde junio 30 de 2016, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Promesa que, de facto, puso a Puerto Rico en un proceso de sindicatura en el que la Junta de Supervisión Fiscal tiene la encomienda de renegociar la deuda pública de Puerto Rico, a la cual le cobija la protección de quiebra. Además, tiene la encomienda de lograr estabilidad en las finanzas del país, con al menos cuatro presupuestos del gobierno central balanceados. Ese objetivo supone que los gastos sean iguales o menores a los ingresos fiscales anuales, y que esto permita regresar a los mercados financieros para poder tomar prestado.
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