
Opinión
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En el panorama actual de la seguridad pública en la isla, una de las prioridades de la gobernadora Jenniffer González incluye la eliminación del Departamento de Seguridad Pública (DSP). Este organismo, creado bajo la Ley 20 de 2017, centralizó diversas agencias, incluyendo la Policía de Puerto Rico y el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), en un intento por mejorar la coordinación. Sin embargo, lo que parecía una solución ha resultado en conflictos de interés, desorganización y falta de recursos.
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