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22 de febrero de 2025
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La crisis fiscal que vive Puerto Rico desde comienzos de este siglo ha obligado a las distintas administraciones a ajustar y reajustar nuestro sistema contributivo en búsqueda de fórmulas que maximicen los recaudos. Comenzando con la legislación que introdujo el Impuesto Sobre Ventas y Uso (IVU) en el año 2006, una madeja de legislación frecuente y compleja ha trastocado de manera profunda la manera en que los contribuyentes reportan sus obligaciones al fisco. El hilo conductor ha sido constante: el estado, incapaz de asumir por sí solo las funciones fiscalizadoras que le corresponden, vez tras vez opta por delegar más de ellas a la figura del Contador Público Autorizado (CPA).
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