
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La violencia de género no distingue entre clases sociales, edades ni razas. Es un problema estructural, profundamente arraigado a dinámicas de poder y control, que requiere una respuesta inmediata, efectiva y sostenida por parte del Estado. En el año 2021, tras un alarmante aumento de feminicidios e incidentes reportados de violencia de género, el gobierno de Puerto Rico, liderado por Pedro Pierluisi, declaró un Estado de Emergencia bajo la Orden Ejecutiva OE-2021-013 en respuesta a las demandas de diversos colectivos feministas. Esta medida buscaba visibilizar la violencia de género como un problema social, destinar recursos adicionales para proteger a las mujeres sobrevivientes y prevenir nuevos incidentes. El Estado de Emergencia se extendió hasta el 31 de diciembre del 2024. Sin embargo, pese a las expectativas generadas, sobre su continuidad, este simplemente quedó como una estrategia de intervención del pasado cuatrienio.
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