Es un plan estratégico que, con una implementación ordenada, garantizará una transformación real y definitiva
La transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico comprende un plan complejo, multigeneracional, con diversas etapas corriendo en paralelo, que terminará con el monopolio actual, nos permitirá suplir la mayor parte de nuestra demanda con fuentes renovables, limpias y autóctonas, y estabilizará el costo de la luz.
Entender las diversas fases y cómo cada pieza encaja en ese rompecabezas es crucial para establecer expectativas realistas y asegurarnos de que no se descarrile el tren del progreso. Vayamos paso a paso.
Como resultado de la destrucción de la red eléctrica por el huracán María, Puerto Rico tiene cerca de $10 mil millones para reconstruirla. Sin embargo, los proyectos que el Negociado de Energía ha aprobado para el uso de estos fondos no suponen únicamente restablecer lo que había. Nadie estaba satisfecho con un sistema tan inestable y poco confiable.
Por tanto, las inversiones que se realizarán crearán un sistema más sólido y resiliente, y permitirán la interconexión de los proyectos de energía renovable, y el uso de microrredes y tecnologías de smart grid. Tales adelantos viabilizarán mayor innovación en el mercado de energía. Se proyecta que estas inversiones se habrán completado en menos de diez años.
El Negociado de Energía ya aprobó el reglamento de transbordo. El propósito es permitirle acceso a productores privados de energía a la red eléctrica para que puedan venderle su generación directamente a los consumidores. Esto convertirá las líneas de transmisión y distribución en una autopista de acceso público, pagando el equivalente a un peaje por el uso de la línea, en lugar de ser una carretera privada utilizada únicamente por un monopolio.
Al tener acceso en igualdad de condiciones a la Autoridad de Energía Eléctrica, las compañías privadas podrán construir proyectos de energía renovable o plantas altamente eficientes, vender esa generación a consumidores residenciales, comerciales e industriales, y así establecerse un mercado verdaderamente competitivo.
Para hacer factible el transbordo, había que acabar con el monopolio vertical que ostentaba la Autoridad para permitir un mercado competitivo. En los Estados Unidos continentales, la Federal Energy Regulatory Commission (FERC, por sus siglas en inglés) lo logró con la adopción de las órdenes 888, 889 y 1000. En Puerto Rico, el Legislativo lo estableció cuando promulgó la Ley 17-2018. Al haber separado ambas funciones —esto es, la generación de la transmisión y distribución de energía— se logra el acceso igualitario de generadores independientes a las líneas que llevan electricidad a todos los hogares e industrias del país, lo que permite el mercado competitivo que predica dicha legislación.
Con el ya aprobado Plan Integrado de Recursos (PIR), el Negociado de Energía trazó el camino para la integración de energía renovable en la Autoridad.
El PIR establece un calendario ordenado y racional para integrar proyectos renovables y, a su vez, decomisar plantas eléctricas anticuadas e ineficientes. Lo segundo, sin embargo, no pasará sin lo primero. Luego de integrar suficiente generación renovable, se irán desconectando paulatinamente las plantas menos eficientes, sustituyendo la compra de combustible con contratos de compra de energía limpia. Con la excepción de la conversión de una planta en San Juan de cerca de 400 megavatios, el PIR no contempla proyectos adicionales de gas natural de propiedad del Estado como combustible de transición. Dicha posibilidad podría considerarse solo en caso de emergencia o de plantas o unidades existentes que puedan convertirse fácilmente, en corto tiempo y sin una inversión excesiva.
Para el año 2050, 100 % de la generación de la Autoridad será de fuentes renovables.
Dentro de este esquema, el Negociado de Energía asume un rol aún más importante. Con toda la generación en manos privadas, y el sistema de transmisión y distribución administrado por LUMA, el Negociado es y será la instancia gubernamental encargada de defender el interés público.
La finalidad que se persigue es estabilizar el costo de la luz en un promedio de 20 centavos por kWh, promover la competencia, hacer disponibles mayores opciones para el consumidor, más estabilidad del sistema, fomentar la innovación, y generación eléctrica limpia y autóctona que nos libere de los mercados extranjeros de combustibles fósiles.
El autor es presidente del Negociado de Energía y la Junta Reglamentadora de Servicio Público.
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