Son la gran apuesta para democratizar la energía y contribuir al desarrollo social y económico
“Aspiramos a que, en cada municipio, haya de tres a cinco cooperativas de energía”, anticipó Edgardo Contreras, director de Apoyo Especializado del Negociado de Energía de Puerto Rico, acerca de estas entidades sin fines de lucro que están por ingresar a la industria energética del país.
“Las cooperativas de energía son formadas por grupos de personas que se unen, libre y voluntariamente, bajo el modelo cooperativista, para satisfacer sus necesidades comunes de energía”, explicó el funcionario.
Estas entidades se crean bajo la Ley de Cooperativas de Energía —Ley 258 de 2018—, con el propósito de satisfacer las necesidades de servicios de energía eléctrica de socios, clientes y comunidades, mediante sistemas de generación, transmisión y distribución eléctrica. También pueden vender el exceso de la energía que producen a LUMA Energy, agregó Contreras.
La mencionada ley otorga jurisdicción exclusiva al Negociado sobre las cooperativas de energía, a los fines de establecer los requisitos y reglamentos con los que deben cumplir, así como certificarlas, regularlas, supervisarlas y fiscalizarlas. Para ello, el Negociado cuenta con una División de Cooperativas de Energía, donde los ciudadanos interesados pueden recibir orientación y asistencia.
El primer requisito es que un mínimo de cinco personas se unan, en calidad de socios, para fundar la cooperativa.
Luego, el proceso de establecimiento se divide en dos fases. Primero, la entidad tiene que certificarse como cooperativa de energía, para lo que debe instituir una junta de directores y redactar las cláusulas de incorporación, entre otros requisitos. Toda la información requerida se somete ante los comisionados del Negociado, quienes deciden si se aprueba la solicitud.
Una vez aprobada, el grupo de socios fundadores somete los documentos a la Comisión de Desarrollo Cooperativo, oficina del gobierno a cargo del desarrollo y formación de las cooperativas, para que le asista en su proceso de incorporación como entidad sin fines de lucro y así obtener la certificación.
La segunda fase consiste en certificarse como compañía de servicio eléctrico, para lo que hay que someter, ante el Negociado, información sobre los equipos que utilizarán para generar, transmitir o distribuir energía, detalles sobre cómo van a operar y qué tarifas van a cobrar, entre otros requerimientos.
Una vez el Negociado da su aprobación, la cooperativa obtiene esta segunda certificación y puede iniciar operaciones.
“Para las cooperativas no hay un requisito mínimo o máximo de generación de energía, a diferencia de las compañías privadas de servicio eléctrico, a las que se les requiere un mínimo de un megavatio”, apuntó el funcionario.
Contreras informó que en la isla hay cinco cooperativas de energía en ciernes. Una ya cuenta con ambas certificaciones, dos consiguieron solo la primera y dos iniciaron el proceso de obtenerla. Dijo que la mayoría busca generar energía solar que, al momento, es la más económica.
Según Contreras Aponte, la tendencia para el desarrollo de este modelo es concentrar los esfuerzos en las zonas rurales para mitigar la falta de energía. “Mayormente, se trata de comunidades en áreas remotas porque son las que se quedan como bolsillos y pasan más tiempo sin recuperar el servicio eléctrico luego de los desastres naturales. Buscan tener acceso a energía renovable y resiliencia en el servicio”. Sin embargo, el ingeniero recalcó que, de igual manera, se están organizando estas cooperativas en zonas como Caguas, Vieques y Culebra; y otras que se están organizando en el área sur y en el centro-oeste.
“La que está identificada ya como tal es la Cooperativa de Energía Pirucho Coop, que impacta a la comunidad San Salvador, en Caguas”, explicó el ingeniero.
Esta cooperativa se estableció en 2021 como la primera de su clase en la isla. En 2023, inició operaciones, satisfaciendo las necesidades de esta comunidad, que quedó sin servicio eléctrico tras el paso del huracán María.
Contreras Aponte manifestó su interés porque sigan multiplicándose estos esfuerzos en otras zonas de la isla. “Este esfuerzo es importante para continuar la transformación del sistema energético de Puerto Rico, con acceso a energía renovable a través del modelo cooperativo. Le da una confiabilidad a los ciudadanos en asuntos importantes como la continuidad y la eficiencia del servicio eléctrico, así como la reducción en la dependencia de los [combustibles] fósiles, pueden proveer servicios a precios más justos y accesibles para los consumidores”, sostuvo.
“También, una cooperativa [de energía] incluye al sector comercial y las oficinas de servicio público, así que impacta a toda la comunidad”, dijo.
En este momento, Contreras afirmó que hay una cooperativa de energía que ha iniciado los trámites de registro para ofrecer servicios en el área metropolitana, aunque todavía no puede precisar su ubicación. “Ya está registrada como tal, pero todavía está completando los procesos para certificarse como [organización productora de] servicio eléctrico”.
El ingeniero explicó que estas cooperativas contemplan la integración de la infraestructura de servicios para darles continuidad durante una situación de emergencia. “Al momento, de las cooperativas que se están organizando, hay algunas que han considerado en su plan de operaciones a comercios como colmados, panaderías y farmacias para ofrecer servicios para los ciudadanos”, subrayó.
En el caso de las cooperativas que produzcan electricidad, el Negociado aprobó normas dirigidas a permitir que estas utilicen las mismas líneas de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica, hoy administradas por LUMA, para llevar la energía que generen a sus clientes y socios. Es proceso se conoce como trasbordo.
Aunque las cooperativas de energía son nuevas en Puerto Rico, existen en otros países como España, donde la cooperativa Som Energía surgió en 2010 en la localidad catalana de Girona. Actualmente, cuenta con 84,000 socios y produce 63 gigavatios hora de electricidad de fuentes renovables (sol, viento, biogás y biomasa).
Según Contreras, el cooperativismo facilita la democratización del sector energético, al facilitar que individuos se inserten en la generación de energía renovable. “A su vez, los ciudadanos mantienen el control de un sistema más resiliente y confiable, pueden dar continuidad al servicio y tienen desarrollo económico para ellos y sus comunidades”, abundó.
Al tratarse de sistemas de generación más pequeños y cercanos a las comunidades, se facilita el que las propias cooperativas puedan repararlos después de desastres naturales, lo que les da mayor resiliencia, según el funcionario.
Además, se espera que el servicio sea más económico para sus clientes. “Casi siempre son los mismos socios los que operan estas cooperativas para tener tarifas más bajas”, dijo Contreras. “Esas tarifas se someten cada cierto tiempo al Negociado, que las revisa y las aprueba o hace recomendaciones para que sean justas para los consumidores y cubran el costo de operación y mantenimiento del sistema”.
Para los consumidores que no sean parte de estas cooperativas también habrá beneficios. “Al tener más cooperativas de energía, se alivia la carga energética de la AEE, se reduce la dependencia de combustibles fósiles, se ayuda a proteger el medioambiente y el sistema se recupera más rápido de desastres naturales”, aseguró el funcionario.
El camino de las cooperativas de energía, sin embargo, tiene sus retos. “La inversión que deben realizar en diseño y adquisición de equipos varía de caso a caso, pero puede estar en $100,000 en adelante, pues depende de la cantidad de socios y la capacidad de generación”, expuso Contreras. “El financiamiento de la infraestructura es el mayor reto, pues, muchas veces, dependen de donaciones”.
El periodista Jorge Pérez colaboró en esta historia.
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