El Negociado de Energía de la Junta Reglamentadora de Servicio Público tiene la responsabilidad de reglamentar, supervisar y hacer cumplir la política pública energética del Gobierno de Puerto Rico
Lograr un sistema confiable, eficiente y transparente, que provea servicios eléctricos a precios razonables, es la misión del Negociado de Energía de Puerto Rico, entidad creada mediante la aprobación de la Ley 57 de 2014, con el propósito de establecer un regulador independiente y especializado para el sector energético de la isla.
“Su creación fue parte de un cambio de política pública que buscaba la transformación del sector energético y sacar a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de su autorregulación”, puntualizó Lillian Mateo Santos, comisionada asociada del Negociado.
“Es una figura que no existía antes en Puerto Rico, aunque hay reguladores en Estados Unidos y otros países”, agregó la funcionaria acerca del Negociado. “La AEE tenía un monopolio que establecía sus propias tarifas, sin transparencia para el público y sin dar a conocer qué inversiones se estaban haciendo. No había nadie fiscalizando al sector energético y debe existir ese árbitro que mantenga a todos actuando de manera adecuada”.
“Aspiramos a tener un consumidor en control de su factura, más conocedor de las cosas que inciden en los costos de energía” ”
Como parte del proceso de acabar con el monopolio en el sector energético, el Negociado se encarga de regular y fiscalizar la labor de LUMA Energy, compañía a cargo de la transmisión y distribución de energía en todo Puerto Rico; Genera PR, empresa que opera las plantas generatrices propiedad de la AEE que funcionan a base de combustibles fósiles; AES, que genera energía a base de carbón; EcoEléctrica, que la produce utilizando gas natural; y la AEE, que opera activos de generación hidroeléctrica. También tiene jurisdicción sobre las cooperativas eléctricas, las microrredes y los contratos de acuerdo de compra de energía renovable (solar y eólica) que mantiene la AEE.
El Negociado tiene, además, la misión de velar que la transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico ocurra de manera ordenada. Para ello, utiliza el Plan Integrado de Recursos (PIR) de la AEE, un plan a 20 años —que se revisa cada tres años— enfocado en mejorar la eficiencia del sistema eléctrico y que, a su vez, contempla todos los recursos necesarios para satisfacer la demanda de servicios de electricidad en la isla.
“Nuestra misión es que logremos tener un mercado con multiplicidad de participantes, en el que haya una sana competencia que redunde en beneficio para el público, que haya mejores precios y servicios, y tengamos un sistema confiable, seguro, moderno y resiliente, al menor costo posible”, abundó Mateo.
Con sede en Hato Rey, el Negociado de Energía —que está adscrito a la Junta Reglamentadora de Servicio Público— opera como un foro colegiado que está compuesto por su presidente, Edison Avilés Deliz; y cuatro comisionados asociados: Lillian Mateo Santos, Ferdinand Ramos Soegaard, Antonio Torres Miranda y Sylvia Ugarte Araujo.
Mediante la fiscalización del sector energético y la implementación del PIR, el Negociado pretende garantizar el desarrollo integrado y ordenado del sistema eléctrico, a la vez que defiende el interés público. Una de las maneras en que defiende los intereses de la gente es mediante la evaluación y aprobación de las tarifas de electricidad que realiza cada trimestre. “Evaluamos toda la información que se nos presenta para asegurarnos de que se provea el servicio eléctrico al menor costo posible y que permita que la utilidad tenga los ingresos necesarios para continuar operando”, detalló Mateo Santos.
“Ha habido ocasiones en que los costos han bajado y el Negociado ha actuado aceleradamente para transferir ese ahorro a los consumidores al bajar la tarifa, pero, en otras ocasiones, aumenta porque dependemos de combustibles fósiles cuyos costos no controlamos. Aproximadamente, un 60 % de la factura eléctrica corresponde al cargo de combustible”, aclaró la comisionada.
En cuanto a la transformación del sistema eléctrico, dijo que el Negociado defiende el interés público, al velar que las inversiones que se hacen en la red estén alineadas con el PIR, el cual tiene entre sus principales metas: satisfacer la demanda con energía 100 % renovable en 2050, eliminar la generación a carbón para el año 2028, y una mejora de 30 % en eficiencia energética para el 2040.
“Es importante lograr esa transformación a energía renovable porque nos va a permitir estabilizar los precios, al no depender de combustibles fósiles”, destacó Mateo Santos sobre un beneficio a largo plazo para el consumidor. “Al velar que las inversiones en flota, generación, transmisión y distribución que realizan los distintos participantes del mercado están alineadas con el PIR, nos aseguramos de que se está haciendo un mejor uso del dinero y de que conseguimos, a largo plazo, la modernización de la red que merecen los consumidores”.
Otro modo en que el Negociado vela por el interés público es recibiendo querellas de los consumidores a través de su página de internet, www.energia.pr.gov, al hacer clic en “Radicaciones”, o de manera presencial. “Primero, el consumidor debe seguir el proceso de objeción informal con la compañía que le provee el servicio eléctrico. Si no queda satisfecho, trae la evidencia al Negociado para evaluarlo de novo. Nuestras decisiones se pueden recurrir en el Tribunal de Apelaciones”, informó la comisionada.
“Aspiramos a tener un consumidor conocedor y en control de su factura, y más informado de las cosas que inciden en los costos de energía”, concluyó.
La dirección física y postal es Oficina de Secretaría del Negociado de Energía, Edificio World Plaza, 268 Muñoz Rivera Ave., Suite 202, San Juan, PR 00918.
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