Más que la privatización de los activos de generación de la Autoridad, será la entrada de competidores, hecha posible por el transbordo, lo que cambiará la manera en que se genera energía en Puerto Rico
El Negociado de Energía aprobó, en los pasados dos años, tanto el reglamento que rige el transbordo, o wheeling, como la tarifa aplicable a esta modalidad de generación, transmisión y distribución de electricidad. Mucho se ha hablado sobre la habilidad que tendrán las empresas privadas con estas dos herramientas de generar energía y venderla directamente a los consumidores. Menos se ha dicho sobre cómo el transbordo transformará la totalidad del sistema eléctrico, y cómo los municipios y cooperativas pueden jugar un rol crítico en este proceso.
El transbordo permite el uso de las mismas líneas de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica, hoy administradas por LUMA, para que empresas privadas de generación puedan vender su energía a clientes distantes, transmitiendo la electricidad que generan a través de la misma red pública. Con la implantación del wheeling se espera que, al igual que ocurrió en California, proliferen los proyectos privados de generación de energía, particularmente los de menor escala. Al tener acceso a la misma red pública, en igualdad de condiciones, estas empresas podrán vender energía más barata directamente a los consumidores industriales y comerciales, y, eventualmente, a los residenciales, eliminando al intermediario y pasándoles los ahorros a los clientes.
Más que la privatización de los activos de generación de la Autoridad, será la entrada de competidores, hecha posible por el transbordo, lo que cambiará la manera en que se genera energía en Puerto Rico.
En ese cambio, los municipios pueden jugar un rol importante. Al igual que una empresa privada, los municipios podrían construir y operar sistemas de generación eléctrica, tanto renovables fotovoltaicos, eólicos y de hidrógeno verde, como plantas pequeñas altamente eficientes que usen gas natural. Bajo el Código Municipal, los ayuntamientos podrían operar estos sistemas como empresas municipales con o sin fines de lucro. Para vender su generación, los municipios tendrían el mismo acceso a la red que cualquier otra entidad privada.
Este modelo facilitaría inversiones importantes en municipios rurales y de la montaña, acercando la generación a los consumidores de esas regiones y haciendo más resiliente y robusto el sistema eléctrico que les sirve. En combinación con las minirredes, esto implicaría que un municipio con su propio sistema eléctrico podría recuperarse mucho más rápido después de un evento atmosférico que ocasione un apagón. Por otro lado, supone también una fuente de ingresos para los municipios y de empleos para sus residentes.
El wheeling permite, además, el desarrollo de las cooperativas eléctricas, ya que, de la misma forma, estas tendrán acceso a la infraestructura que les permitirá vender energía directamente a sus socios. El modelo cooperativo podría atender las necesidades de zonas residenciales urbanas. Una crítica a la solarización de la energía residencial ha sido que, por sus costos y enfoque en las viviendas unifamiliares, ha dejado desprovista a ciudadanos menos pudientes y a residentes de condominios. Urbanizaciones, condominios o agrupaciones de estos podrían formar cooperativas de consumo que desarrollen sus propios sistemas de generación o que adquieran energía de otros suplidores privados. Un grupo de condominios que forme una cooperativa podrá suplirse de energía solar que adquiera de una finca en Hatillo, transmitiendo la misma por la red de LUMA hasta su destino final en San Juan. De igual forma, un grupo de residentes de una zona desaventajada podrá aunar sus recursos bajo una cooperativa y hacer factible económicamente un proyecto solar comunal.
Así pues, el wheeling promueve además la diversificación de las fuentes de energía. Los clientes pueden optar por escoger no solo el precio que pagan por su servicio eléctrico sino también la fuente de energía.
En conjunto, la empresa privada, los municipios y las cooperativas tienen en sus manos el futuro del sistema eléctrico de Puerto Rico y de nuestra economía.
El autor es presidente del Negociado de Energía y la Junta Reglamentadora de Servicio Público.
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