La información revelada es crucial para la toma de decisiones de política pública
La manufactura foránea y la exportación de servicios (conocida como Ley 20) son los programas de incentivos de mejor desempeño y, por tanto, los que dejan un mayor rédito en la economía de Puerto Rico. Este es solo uno de los datos reveladores que se desprenden del estudio comisionado por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y con el cual se realizó un análisis del desempeño de los distintos programas de incentivos contenidos en la Ley 60 del 2019, así como de leyes anteriores. Este ejercicio permitió medir el rendimiento de cada uno de los programas y su impacto en la economía, lo que a su vez sirve de base para la toma de decisiones de política pública.
Los datos de manufactura más recientes y completos disponibles corresponden al año 2021. El análisis de manufactura se divide entre doméstica y foránea, dado la naturaleza tan distinta de ambos segmentos, lo que genera la pregunta de si tienen el mismo desempeño.
Parte de lo que hace que la manufactura foránea y el programa de exportación de servicios sean positivos es el hecho de que se clasifican como dinero nuevo que entra a la economía y genera empleos con los salarios más altos, que a su vez pagan más impuestos al fisco. “Este es el tipo de actividad con la que no contaríamos de no ofrecerse el incentivo”, explicó el secretario del DDEC, Manuel Cidre. “Estos dos programas generan ingresos fiscales más altos —en gran parte — gracias al alto nivel de empleo que se puede asociar directamente a la actividad incentivada. La manufactura extranjera genera cerca de 41,000 empleos, mientras que en actividad directa, indirecta e inducida esta industria aporta sobre $2,653 millones”, abundó el secretario.
En el caso de la Ley 20, o exportación de servicios, los 2,725 decretos otorgados han generado sobre 22,192 empleos, lo que a su vez supuso un aumento de $418.3 millones en los recaudos del gobierno para 2022, un crecimiento importante en los últimos dos años.
Por otra parte, algunos programas muestran un retorno neutral, lo que implica que, aunque la inversión del estado genera actividad económica, su retorno en términos fiscales es moderado (menor al 10 %) comparado con otros programas. Este es el caso de los incentivos de manufactura doméstica, residente inversionista (Ley 22) y turismo.
“Debemos destacar que la manufactura doméstica no tiene las mismas presiones para competir a nivel internacional, ni la facilidad de moverse de jurisdicción como las manufactureras internacionales; además, cuenta con un mercado doméstico que demanda sus productos. Son operaciones que típicamente tienen menos margen y el empleo creado tiene salarios promedios más bajos, lo que redunda en menos ingresos al fisco. Para el 2021, esta industria dejó cerca de $532 millones en ingresos fiscales”, explicó el subsecretario del DDEC, Humberto Mercader.
Por su parte, Carlos Fontán, director de la Oficina de Incentivos del DDEC, indicó que en lo concerniente al programa de Ley 22 o residentes inversionistas, su beneficio mayor se asocia al pago de contribuciones sobre ingresos. “Es importante aclarar que, aunque estos participantes están exentos en el caso de dividendos, intereses y ganancia sobre capital, su ingreso regular tributa a las tasas ordinarias de Puerto Rico. Es de esta actividad que se generó la mayoría de los $201 millones en ingresos que trajo este programa al fisco en el 2022. Dinero que, de no existir este programa, no ingresaría al gobierno”, destacó Fontán.
Por otro lado, el renglón de turismo es otro que tiene un desempeño moderado, y esto se debe al alto costo del crédito por inversión elegible, que puede ser de hasta 40 % de la inversión. La construcción y remodelación de hoteles (siendo inversiones de capital fijo y de alto costo) reciben incentivos, así como algunos componentes operacionales durante su primer año de operaciones. La venta del hotel y las operaciones también cuentan con tasas preferenciales reducidas que aumentan el costo para el estado. Este programa, aunque tiene desempeño moderado, ha sido medular para reconstruir un sector de turismo que ahora ve números récords en cuanto a ingresos en “room tax” y visitas de pasajeros.
De los programas analizados, solo agricultura, cine y médicos cualificados reflejaron un retorno negativo. “En el caso de la agricultura, este resultado fue el esperado debido a que es una actividad altamente subsidiada. Estos niveles de subsidio son comparables a nivel internacional, particularmente en países desarrollados. Los beneficios contributivos para esta industria pueden verse como un incentivo para atender propósitos y objetivos que pueden ser críticos para los territorios, como mantener un nivel de seguridad alimentaria, sustituir importaciones y retener industrias que, de lo contrario, no serían viables”, expresó Fontán.
En cuanto al cine, se analizaron los créditos contributivos otorgados a proyectos para los años 2020-2022 bajo la Ley 60. Estos proyectos se benefician de créditos que subsidian entre el 40 % al 55 % del costo de producción. Además, se proveen tasas preferenciales en las contribuciones sobre ingresos y exenciones en impuestos municipales. Un factor que afecta el beneficio en la economía de este sector está relacionado con una base limitada de empleos permanentes vis a vis y su alto volumen de empleos temporeros. Lo anterior ocasiona que el retorno en la inversión para el Estado sea solo la mitad de lo invertido. En agregado, el estado ha invertido cerca de $500 millones en créditos contributivos desde el año 2012.
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