Entre 2012 y 2020 se revocaron 29 decretos bajo la Ley 22. Sin embargo, entre 2021 y 2024 se revocaron 314 decretos
La fiscalización es fundamental para lograr la implementación exitosa de los programas de incentivos. Desde la Oficina de Incentivos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) no solo se manejan, evalúan y aprueban las solicitudes de participación de los distintos estímulos, sino que también se gestiona el andamiaje de fiscalización de esta herramienta indispensable para el desarrollo económico de la isla.
El director de esta dependencia, Carlos Fontán, destacó que en los últimos años ha procurado fortalecer los mecanismos de supervisión de los incentivos para asegurar que sus beneficiarios están en cumplimiento con los requisitos. “En la oficina tenemos un rol dual de administrar y promover las herramientas para generar inversión y a la vez fiscalizarlas, por lo que monitoreamos todos los incentivos bajo el código (Ley 60) y otras 11 leyes anteriores, y nos hemos esforzado por imponer un mayor rigor en la supervisión. Para garantizar la efectividad de estas herramientas de estímulo económico es preciso fiscalizarlas y en eso hemos avanzado mucho. Para poner en perspectiva el esfuerzo, entre 2012 y 2020 se revocaron solo 29 decretos bajo la Ley 22. Sin embargo, entre 2021 y 2024 hemos revocado 315 decretos”, explicó el director. “Este es un incremento exponencial que muestra un cambio drástico en la supervisión del programa”, abundó.
No obstante, el funcionario aclaró que el objetivo no es aumentar las revocaciones, sino que la expectativa es que se reduzcan y garantizar el cumplimiento. “El número de revocaciones debe reducirse con el tiempo. Queremos que los participantes cumplan con los requisitos, no que sean expulsados del programa”, afirmó. De hecho, las métricas reflejan los resultados en esa dirección. En 2023, se radicaron 5,088 informes anuales de cumplimiento bajo las leyes 20 y 22. Según el director, “este récord de radicación de informes demuestra que los beneficiarios están cada vez más alineados con las obligaciones de sus programas”.
Las revocaciones conllevan una imposición de penalidades que tienen un impacto directo en las finanzas públicas. “Cuando un incentivo es revocado, se aplican sanciones retroactivas que implican el pago de contribuciones desde la fecha de incumplimiento”, comentó el funcionario. Este enfoque no solo busca corregir el incumplimiento, sino también recuperar recursos vitales para el erario. Uno de los factores que ha permitido mejorar la fiscalización ha sido la implementación de tecnología.
Desde 2020, la Oficina de Incentivos ha utilizado herramientas electrónicas para monitorear de manera más efectiva a los beneficiarios. “El uso de tecnología es crucial porque nos permite recopilar, contrastar y analizar datos de manera más eficiente”, destacó Fontán. En 2021, la oficina realizó su primer rastreo (“screening”) amplio, mientras que en mayo de este año se publicó el estudio más abarcador hasta el momento sobre el desempeño de los incentivos. Otro elemento clave en la fiscalización es la colaboración con otras agencias y las autoridades. “Trabajamos de la mano con el CRIM, el FBI y el IRS, entre otros.
El intercambio de información entre agencias nos da una visión más completa del cumplimiento”, explicó el director. Además, el equipo legal de la oficina ha jugado un papel fundamental. “Ahora contamos con un mayor grupo de abogados trabajando en las revisiones de expedientes para monitorear desde que se otorgan hasta las enmiendas que puedan sufrir los decretos; y la plataforma electrónica nos permite monitorear la radicación de informes anuales. Todo en conjunto ha facilitado el trabajo para la imposición de penalidades administrativas o determinar si corresponde el procesamiento civil o criminal en algunos casos”, señaló Fontán.
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