Es la sociedad en conjunto que debe exigir una gestión ética y eficiente del dinero público destinado a integrara las personas con discapacidad
Razones de tipo cultural, económicas, políticas y educativas, han incidido en el uso y adaptación de las nuevas tecnologías a través del mundo. De hecho, desde la introducción de las computadoras hasta la creación de sistemas mucho más complejos, preparar a los jóvenes para desenvolverse en una sociedad fundamentalmente tecnológica que impulse el desarrollo y apoye la innovación, ha sido una meta común. Pero, ¿cuál ha sido el caso de las personas con discapacidades?
Las tecnologías de la información y la comunicación han revolucionado el terreno educativo y beneficiado a los que experimentan mayores dificultades en el aprendizaje. ¿Cómo? De varias maneras. Una de las principales, para ayudarles a ganar mayor autonomía.
Por ejemplo, el estudiante, a través del uso de la tecnología que potencia la educación interactiva —mediante programas multidimensionales o tutores inteligentes— puede mantener el control de su proceso de aprendizaje, al repetir la lección todas las veces que desee, volver a consultar la información o hasta someterse a una evaluación que permita medir su progreso individual. Destrezas que a la postre, podrá utilizar en un entorno laboral.
Ni hablar de los beneficios de la integración de los componentes visuales, tales como íconos, imágenes, animaciones y vídeos, que ayudan a generar un pensamiento más visual que facilita la comprensión de procesos concretos y abstractos, según el libro “Ciencia y Tecnología y Cultura Global: Impacto en la Educación Superior”, del doctor Francisco Alcantud Marín, de la Universidad de Valencia. Y como consecuencia, aumenta “la motivación intrínseca del aprendiz por las tareas de aprendizaje”. Se convierte en un agente activo, se reduce su temor al fracaso y elimina o aminora las actitudes de segregación. Todos factores de gran utilidad en el campo laboral.
En el caso de Puerto Rico, el ensayo teórico de Maribel Báez Lebrón con fecha de 2014 “ilustra la exclusión de las personas con discapacidad de la fuerza laboral” pero destaca “su potencial para aportar al desarrollo de las organizaciones y la sociedad”. La experta planteaba que hasta ese momento, “apenas un 3.5 % de la población [con discapacidades] forma parte de la fuerza trabajadora”, de acuerdo a estadísticas del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Y sus conclusiones siguen vigentes hoy, entre ellas, el imperativo de “promover la inserción de las personas con discapacidad o diversidad funcional a la fuerza trabajadora e incorporar en el proceso de socialización organizacional un programa de sensibilización y transición que facilite su inserción a la cultura organizacional de manera que se propicien procesos efectivos de integración y participación de la minoría de mayor crecimiento a nivel mundial”.
El COVID-19 y la posibilidad de actuar de una manera distinta
Encontrar trabajo no siempre es fácil y con una discapacidad será más complicado tras la aparición de la pandemia de coronavirus, pues el consiguiente cierre de escuelas ha provocado que cerca del 40 % de los países de ingresos bajos y medios-bajos no apoyasen a los alumnos desfavorecidos, según estima el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020 Inclusión y educación: Todos significa todos, que publicó la UNESCO recientemente.
Dicho estudio expone la magnitud de la exclusión en la educación a nivel mundial agravada por el COVID-19 y analiza los principales factores del descarte de los alumnos en los sistemas educativos de todo el mundo a través de una amplia serie de variables, entre estas, la discapacidad. Por ejemplo, en América Latina y el Caribe, cita el informe, únicamente una cuarta parte de los países tienen leyes que ayuden a garantizar la plena inclusión en la educación, por lo cual insta a las naciones a centrar sus esfuerzos en los estudiantes que se han quedado atrás, cuando las escuelas reanuden sus actividades con normalidad.
El informe también demuestra que a menudo los sistemas educativos no tienen en cuenta las necesidades especiales de los alumnos y que solamente 41 países reconocen oficialmente el lenguaje de señas y en América Latina y el Caribe esos son solo 7. Mientras que si se habla de los cambios necesarios en infraestructura y materiales adaptados, el total es de un 29 %.
Más aún, que a nivel global, “las escuelas están más interesadas en obtener acceso a internet que en atender las necesidades de los alumnos con discapacidades”. En casi la mitad de los países de ingresos bajos y medios, según la UNESCO, tampoco se recopilan suficientes datos sobre la educación de los niños con discapacidades. Nueve países de América Latina tampoco recopilan datos sobre el aprendizaje de los niños con discapacidades en sus Sistemas de Información sobre la Gestión de la Educación.
Vivimos un momento en el cual la tecnología repercute en todos los ámbitos convirtiéndose en motor indispensable del desarrollo social y económico en donde su crecimiento es evidentemente exponencial. A tono con eso, se requiere consolidar una sinergia entre el sector tecnológico y el capital humano —que incluya las personas con discapacidades— con el fin de desarrollar empresas, ciudades y, por consiguiente, un país digital.
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