Servicios Generales hizo “compras excepcionales” sin subasta o sin firmar contrato, alega la Oficina del Contralor

La administradora Karla Mercado Rivera rechaza “categóricamente” las conclusiones del auditor del estado

15 de abril de 2025 - 8:00 AM

Se adhiere a los criterios de

Karla Mercado Rivera fue confirmada como titular de la Administración de Servicios Generales en junio del 2020 y ocupa el puesto hasta el presente. En 2019, la agencia fue liderada por Ottmar J. Chávez Piñero. (vanessa.serra@gfrmedia.com)

Por Redacción El Nuevo Día

La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) detectó que la Administración de Servicios Generales (ASG) usó indebidamente la modalidad de “compra excepcional” para autorizar adquisiciones y servicios sin realizar subastas o firmar contratos que protegieran los intereses del gobierno.

Así lo hizo constar en el informe OC-25-71, producto de la auditoría que realizó sobre las operaciones fiscales de la ASG entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2023.

La administradora de la agencia, Karla Mercado Rivera, quien lidera la ASG desde junio del 2020, rechazó los señalamientos.

Al divulgar el informe, la OCPR indicó que las compras excepcionales “se realizan en situaciones de emergencia, cuando la vigencia de los fondos está próximo a vencer, o cuando exista una sola fuente de abastecimiento, entre otros”.

Pero la ASG, además de usar la modalidad en situaciones que no constituyeron emergencias, realizó compras “sin los documentos requeridos conforme al Reglamento 9230”, denunció la OCPR.

“Resulta necesario aclarar y rechazar categóricamente ciertos señalamientos del informe OC-25-71, el cual identifica tres transacciones —de entre miles evaluadas— que no reflejan con precisión los hechos ni el marco normativo vigente, y omiten elementos fundamentales que sustentan nuestras decisiones administrativas”, reaccionó, mediante declaraciones escritas Mercado Rivera.

Los hallazgos en detalle

En una de las instancias señaladas por la OCPR, aunque la ASG “tenía conocimiento de que el contrato de empleados temporeros que se firmó el 17 de noviembre de 2021 tenía vigencia hasta el 30 de junio de 2022”, no hizo gestiones oportunas para renovarlo.

En cambio, el día en que expiraba el contrato, emitió una orden de compra excepcional por $228,780 porque, “el día anterior, el gerente de Recursos Humanos informó sobre la necesidad inmediata de recursos humanos y que solicitaba una orden de compra excepcional”.

“Al respecto, no se protegieron los intereses de la ASG en caso de incumplimiento por parte del proveedor, al no existir un contrato entre las partes”, señaló la OCPR, que dirige la contralora Yesmín Valdivieso.

Pero Mercado Rivera arguyó que “la ausencia de contrato no implica ilegalidad: la ley y la jurisprudencia reconocen que una orden de compra válida también genera una obligación contractual”.

“A partir de 2023, este tipo de adquisiciones se realiza mediante contratos, como parte de nuestro esfuerzo continuo de fortalecimiento administrativo”, agregó.

En otro caso, la auditoría encontró que “la ASG solicitó un servicio de decomiso de materiales de construcción ubicados en el almacén de la anterior Oficina de Servicios de Aguadilla el 10 de agosto de 2021”.

“Transcurridos 315 días de la solicitud, el administrador auxiliar instruyó que se adquiriera el servicio de decomiso, pero en modalidad de compra excepcional, ya que la disponibilidad de fondos vencía el 30 de junio de 2022”, indicó la OCPR. “Los auditores no encontraron evidencia de que se hayan realizado gestiones para adquirir el servicio antes de esa fecha”.

Sin embargo, Mercado Rivera puntualizó que sí se informó a los auditores de la OCPR que el proyecto de decomiso requirió cotizaciones, inspecciones en las oficinas regionales y pruebas ambientales, antes de someter la solicitud de compra, que “fue procesada y autorizada el mismo día”, con un ahorro de $40,000.

“El criterio de contar el término desde la evaluación de disponibilidad de fondos se aleja de la realidad operacional y fiscal del gobierno de Puerto Rico”, aseveró la funcionaria.

El informe también reveló que “una entidad solicitó el servicio de impresión de guías para maestros y estudiantes de escuela el 27 de octubre de 2021 mediante el trámite de subasta informal. Sin embargo, 86 días después, el 21 de enero de 2022, una ayudante especial de la Junta de Subastas de la ASG instruyó que se adquiriera el servicio mediante compra excepcional, debido a que los fondos federales vencían el 31 de enero de 2022”.

Por no haber sido evaluada por personal interno, la OCPR concluyó que “esta situación vulnera los controles internos establecidos y puede ocasionar que se beneficie un proveedor en específico sobre los demás”.

La titular de ASG explicó que la transacción “involucró fondos combinados, incluyendo recursos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), y estaba sujeta a condiciones contractuales externas que no se comunicaron a la ASG al momento de la solicitud”.

“No fue hasta enero de 2022 que tuvimos conocimiento de que era necesario no solo obligar, sino también recibir los bienes antes del 31 de enero de ese año. Proceder con una subasta informal hubiera significado perder fondos federales”, expuso. “En este caso, se actuó con agilidad y dentro del marco legal para proteger fondos públicos”.

A su vez, la OCPR señaló que la adquisición por $73,057 de 177 uniformes para empleados se hizo por compra excepcional “sin justificación”.

Sobre este particular, Mercado Rivera ripostó que “el expediente incluye la debida justificación, la autorización de los funcionarios competentes y evidencia de que se ejecutó de forma ordenada y conforme al marco legal”.

“La interpretación del Contralor pretende imponer criterios adicionales que no están contenidos en la legislación ni en la reglamentación vigente”, finalizó la funcionaria.

El presupuesto de la ASG fue de $108.4 millones desde el 2020 hasta el 2023. Para el mismo periodo, realizó desembolsos por $73.2 millones.