Tras más de dos décadas dirigiendo una escuela pública en Yabucoa, Sonia Lynette Rodríguez asumió un nuevo reto luego de años de estudio y dedicación en una carrera de Derecho: un nombramiento como fiscal del Departamento de Justicia.

Aunque se había preparado académicamente para ese compromiso, reconocía que requería herramientas adicionales que la guiaran en la nueva encomienda que inició en noviembre del año pasado. “Cuando llegué, soy honesta, estaba aterrada porque, no importa la tarea que uno realice, en esta vida, siempre de primera instancia, uno tiene esa sensación… Pero recuerdo los compañeros fiscales que me decían: ‘tranquila, que vas a ir a coger la academia’”, relató.

Hace dos décadas, precisamente, se estableció –mediante la Ley 206 de 2004- el Instituto de Capacitación y Desarrollo del Pensamiento Jurídico, un espacio de intercambio de conocimiento donde los profesionales del Derecho del Departamento de Justicia reciben un adiestramiento continuo que responda a sus necesidades y los avances legales.

“Los fiscales tenemos que conocer de criminología, geografía criminal, perfiles criminales y procedimientos policiacos, porque somos parte de estos procesos… y ahí es que te percatas cuán útil, cuán necesario y cuán asertivo es este espacio”, aseveró Rodríguez. “Fue fantástico porque fue una manera de uno decir: ‘ok, tengo las herramientas y tengo los elementos para trabajar independiente’”, agregó.

Una vez son confirmados al cargo por el Senado, los fiscales, registradores de la propiedad y procuradores de familia pasan por el Instituto, donde –como parte de una academia– reciben sobre 30 cursos en el área de especialización, indicó su directora, la doctora en Liderazgo en Organizaciones Educativas, Marielle Rochet Iglesias.

Desde ese espacio, se ha formado cada uno de los fiscales que han pasado por el Departamento Justicia. Actualmente, la agencia cuenta con 269 fiscales, 171 abogados, 47 procuradores de menores y 47 procuradores de familia. Tienen, además, 35 registradores y 72 técnicos de asistencia a víctimas. El personal administrativo asciende a 286.

El presupuesto operacional del Instituto de Capacitación es de $48,000 anuales.

“Hasta ese momento (2004), en el Departamento, se ofrecían cursos esporádicos, pero no había un espacio formal, creado en ley, donde se coordinara la capacitación, no solamente de los fiscales sino también de los abogados civiles, de los registradores de la propiedad y de los procuradores de familia”, expresó la directora ejecutiva.

El organismo, además de desarrollar un programa de capacitación profesional permanente, debe fomentar el desarrollo de estudios e investigaciones, contribuir a la divulgación del conocimiento y los temas de interés jurídico para la gestión del Departamento y establecer relaciones de intercambio con profesores y centros académicos, según dispone la Ley 206.

Asimismo, debe promover convenios interagenciales de modo que los abogados y demás personal del servicio público puedan beneficiarse de los programas y ofrecimientos. Este tipo de convenio lo desarrollan con dependencias como el Instituto de Ciencias Forenses y el Negociado de la Policía, entre otras. También han desarrollado acuerdos con entidades en el exterior, como el Instituto de Prevención de Estrangulamiento, en Estados Unidos.

Han trabajado mano a mano, además, con la doctora Jacquelyn Campbell, de la Universidad Johns Hopkins, quien desarrolló el documento que el Ministerio Público emplea, desde finales de 2023, para evaluar la peligrosidad que rodea a la víctima a manos del victimario. Los fiscales utilizan esta herramienta científica para orientar a las sobrevivientes sobre los recursos de ayuda disponibles, a base del nivel de riesgo de feminicidio íntimo que arroje el cuestionario.

En 2016, el Instituto recibió una autorización del Programa de Educación Jurídica Continua del Tribunal Supremo que dispone que los cursos que se ofrecen desde este espacio sean convalidados como horas crédito. A los abogados, se les exige 24 horas créditos cada tres años.

“Han sido años de mucho, mucho adiestramiento, pero se ha visto el resultado”, afirmó Rochet Iglesias, quien dirige la institución desde 2021.

Además de la inserción de nuevos temas, como la inteligencia artificial, Rochet Iglesias indicó que, a futuro, quiere desarrollar un pódcast y una plataforma web desde donde se pueda acceder cada uno de los cursos ofrecidos.

“El cambio en la tecnología ha sido bien marcado. Inicialmente, todos los cursos se ofrecían presenciales, y ya eso no es así. A raíz de la pandemia, la mayoría de nuestros cursos son virtuales o híbridos”, expuso Rochet Iglesias.

En el área de registraduría, Vanessa López Ortiz, registradora de la propiedad, destacó que trabajan en el desarrollo de una aplicación móvil que facilite el acceso a los datos desde cualquier punto de la isla. “La digitalización de los documentos físicos que habían de planos, de índice, ciertas cosas que no se habían digitalizado, ya se están digitalizando y ubicando en módulos”, expresó.

“En el caso de nosotros, somos menos registradores y, por lo tanto, el entra y sale es menor que en fiscalía. Lo que queremos es tener grabados los talleres, de forma tal que si llegan dos o tres registradores de nuevo nombramiento, esté todo ahí organizado y puedan, de lleno, comenzar a trabajar”, detalló López Ortiz.

El Registro de la Propiedad, en síntesis, da publicidad de los negocios y transacciones jurídicas que se llevan a cabo en la economía. “Cuando llega el documento del tribunal al registro, yo tengo que tener la capacidad de evaluar ese documento”, señaló López Ortiz. Al igual que los fiscales, los registradores deben conocer diversas materias, entre estas, derecho penal, civil y sucesorio (de herencias).

En el caso de los procuradores de familia, por ejemplo, se han comenzado a integrar y reforzar ciertos temas, como el manejo de individuos con diagnósticos de autismo en casos de violencia sexual y maltrato. “Esto tiene una función bien grande, no solamente está la de la educación, está también la de la confraternización... Hay que cuidar que no perdamos la socialización, y el Instituto se ha encargado de proveer ese espacio también”, expuso López Ortiz.

“Nos permite a todos tener un sentido de pertenencia”, agregó, por su parte, Rodríguez.