El secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Juan Luis Camacho, indicó que el caso contra el candidato de la Pava a la alcaldía de Florida, José Ángel Crespo Cortés, presentado a 21 días de las elecciones, se trata de una persecución orquestada por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Esa investigación le ha tomado al Departamento de Justicia, en una presunta violación al tema electoral, 136 días. Crespo continúa siendo nuestro candidato, (y) es penoso que el PNP use el gobierno sistemáticamente para perseguir (a) candidatos del PPD. Eso demuestra que tienen desesperación en las filas del PNP de cara al proceso del 5 de noviembre”, planteó.

El martes, la Policía confirmó que la Fiscalía de Utuado formuló dos cargos contra Crespo Cortés por hechos que presuntamente se registraron el pasado 2 de junio, día en que se celebraron las primarias. Según el reporte policíaco, un agente identificado como Jorge Ortiz Camacho intervino con el aspirante popular, en el centro de votación ubicado en la escuela Juanita Ramírez, en Florida, luego de que varios funcionarios de colegio electoral del PNP “reclamaron violaciones al Código Electoral”.

La jueza Nadja G. Banuchi Ramos, del Tribunal de Utuado, determinó causa contra Crespo Cortés y le impuso una fianza de $1,000 que prestó a través del Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ). La vista preliminar será el 1 de noviembre.

En entrevista telefónica con El Nuevo Día, Camacho cuestionó la dilación en este proceso y opinó que Justicia ha hecho un “espectáculo bochornoso” al formular cargos faltando tan poco para las elecciones.

A preguntas sobre si el PPD tomaría alguna acción contra el candidato, Camacho sostuvo que el reglamento dice que “se pueden atender asuntos disciplinarios cuando hay una convicción”, lo que no ha ocurrido. Camacho anticipó que el caso “se va a caer” en noviembre.

Otra modalidad del reglamento es en casos en que hubiera “depravación moral”, lo que indicó no ocurrió en este caso.

Mientras, Camacho cuestionó por qué el caso se presentó en el Tribunal de Utuado cuando los hechos ocurrieron en Florida, municipio que cae en la región judicial de Arecibo.

“Por experiencia en otros cuatrienios con situaciones como esta, (los casos) los sacan a otras jurisdicciones para tener fiscales o jueces que se presten al juego de la política, y no quiero señalar directamente ni a la jueza ni al fiscal, sabrá Dios cuál de ellos está cayendo en este juego, pero hacer esto a veinte-pico días de las elecciones y luego de 130 días de la primaria, es absurdo”, criticó el popular.

Sobre eso último, Justicia aclaró, en declaraciones escritas, que el caso se trasladó al Tribunal de Utuado luego de que “se le notificó al Negociado de la Policía que una hija del candidato (Crespo Cortés) labora en el Tribunal de Arecibo”.

La agencia añadió que, según la investigación de la Policía, mientras se llevaba a cabo el evento de primarias, el candidato popular “comenzó a decirle a varias funcionarias presentes que el alcalde (José Gerena Polanco) es un corrupto, que estas son empleadas del alcalde incumbente y les iba a subir el sueldo. Las perjudicadas le respondieron que no podía hablar de política”.

“El candidato del PPD se marchó, pero regresó horas más tarde, presuntamente, para llevar a un ciudadano a ejercer su derecho al voto. Sin embargo, la persona informó que había votado en Manatí. Posteriormente, Crespo Cortés tuvo un altercado con un agente de la Policía a quien le gritó que era un corrupto y que estaba en “complot” con el alcalde. El agente le solicitó que se retirara, pero este continuó gritando descontroladamente, por lo que fue puesto bajo arresto”, añadió Justicia.

Por escrito, el aspirante de la Pava a Florida describió las imputaciones en su contra como “infundadas”. Añadió que “he actuado siempre en estricto cumplimiento de la ley y con un profundo respeto hacia el proceso electoral de nuestro pueblo”.

“Es evidente que estos cargos, presentados justo a menos de 20 días para las elecciones generales, no son más que un intento desesperado por manchar mi reputación y desviar la atención de los verdaderos problemas que enfrenta nuestro pueblo. Estas acusaciones no solo son injustas, sino que reflejan una preocupante utilización de los recursos del Estado con fines políticos”, argumentó Crespo Cortés.

Contra el candidato, un maestro retirado de 72 años, se formularon un cargo por el artículo 246 del Código Penal de Puerto Rico (resistencia u obstrucción a la autoridad pública) y un cargo por el artículo 12.3 del Código Electoral, que dispone: “Toda persona que obstruyera, intimidara, interrumpiera o ilegalmente interviniera con las actividades electorales de la Comisión (Estatal de Elecciones), un partido político o comité de acción política, comité de campaña o agrupación de ciudadanos, aspirante, candidato, candidato independiente o elector, incurrirá en delito grave y, convicta que fuere, será sancionada con pena de reclusión que no será menor de un año ni mayor de tres años o con multa que no excederá de $5,000 o ambas penas a discreción del Tribunal”.