La jueza magistrada Giselle López Soler concedió, este jueves, libertad bajo fianza a Edgardo Navarro Suárez y Ricardo Luis Navarro Suárez, hermanos del representante Jorge “Georgie” Navarro, tras ser acusados por un presunto esquema de fraude y lavado de dinero a la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (Ley CARES).

Así lo determinó la togada en una vista inicial celebrada a eso de las 2:50 p.m. en la sala 5 del Tribunal Federal, en Hato Rey.

López Soler concedió una fianza de $10,000 no asegurada a Edgardo, lo que significa que no tendrá que pagar el monto en efectivo al momento. De igual forma, deberá someterse a una prueba y tratamiento por drogas como parte de las condiciones.

Mientras, Ricardo fue puesto en libertad bajo palabra.

Ambos deberán comparecer ante el foro federal el próximo 8 de abril para la lectura de cargos.

El pliego acusatorio emitido contra las hermanos, sus empresas y el contador público autorizado (CPA) Ramón Valentín Montalvo alega que los acusados se habrían apropiado de más de $2 millones de fondos federales de préstamos bajo la Ley CARES.

Por estos hechos, los acusados enfrentan cargos por cometer fraude electrónico, soborno, ocultar lavado de dinero y realizar transacciones de lavado de dinero.

Por otro lado, la magistrada fijó una fianza de $10,000 no asegurada a Valentín Montalvo, quien hizo alegación de no culpabilidad en la vista. Valentín Montalvo también deberá someterse a una prueba y tratamiento por drogas.

Cabe destacar que el abogado Edwin Prado, quien representa al contador, señaló en la vista que su cliente no guarda ninguna relación con las corporaciones que forman parte del pliego.

A su salida del tribunal, ninguno de los acusados emitió expresiones. No obstante, el abogado Francisco Acevedo Padilla, abogado de los hermanos, sostuvo ante los medios que sus clientes no son culpables.

“Ellos cooperaron con la investigación porque hace un año los citaron y ellos fueron. Sabíamos de esto hace más de un año. Son unas alegaciones”, expresó.

“El fiscal no tuvo objeción de que salieran (en libertad bajo fianza) porque sabe que nosotros hemos estado asistiendo a reuniones en términos de la investigación de la Fiscalía (...) El Tribunal entendió que no representaban un peligro de fuga ni un peligro para la comunidad”, indicó.

Del documento judicial se desprende que, entre mayo de 2020 y noviembre de 2021, los acusados habrían emitido 26 solicitudes de préstamos bajo los programas Paycheck Protecting Program (PPP) y Economic Injury Disaster Loan (EIDL), de la Administración federal Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) y a una institución financiera.

En el pliego también figuran la empresa RVIP Group Corp., de la cual Ricardo es propietario, y las empresas JCA Development Inc., JCA Packaging Group y JCA Industrial Supply Corp., a nombre de Edgardo., informó Stephen Muldrow, jefe de la fiscalía federal en Puerto Rico.

Como parte de los asuntos pendientes en la vista, la togada señaló que Acevedo Padilla debe determinar si Edgardo y Ricardo representarán a las corporaciones.

Los acusados además, habrían ofrecido y prometido $69,500 en sobornos a un empleado de una institución bancaria para influenciarlo y recompensarlo en el desembolso de los fondos.

En el pliego, se especificó que el alcance del empleado era tal que tenía acceso a los sistemas internos de la institución para así procesar los préstamos y autorizar los desembolsos.

De igual forma, los acusados supuestamente reclutaron a otras personas para obtener los préstamos bajo los programas PPP y EDIL.

Como parte del operativo federal, las autoridades confiscaron tres propiedades de los hermanos. Una de las propiedades, localizada en Caguas, se encuentra a nombre de Edgardo. Mientras, los otros dos inmuebles ubican en Palmas del Mar en Humacao. Cada una de estas últimas, le pertenece a un hermano del representante.

De ser hallados culpables, los acusados se enfrentan a las siguientes sentencias: hasta 30 años de prisión por los cargos de fraude electrónico y soborno, hasta 20 años de prisión por ocultar el lavado de dinero y hasta diez años de prisión por cometer lavado de dinero.