Seis presuntos integrantes de una organización criminal con base en Añasco enfrentan cargos federales por, supuestamente, operar una red de narcotráfico a gran escala coordinada con suplidores de Venezuela, Colombia y la República Dominicana, informó este martes la Fiscalía federal.

La acusación vincula al grupo con asesinatos, lavado de dinero y delitos de armas de fuego presuntamente cometidos para proteger sus operaciones criminales.

La Fiscalía federal detalló, en declaraciones escritas, que la organización presuntamente utilizaba embarcaciones para introducir cargamentos de cocaína de múltiples kilogramos desde América del Sur y el Caribe hacia Puerto Rico y, posteriormente, a Estados Unidos.

De acuerdo con el pliego acusatorio, las ganancias generadas eran utilizadas por los miembros para adquirir armas, municiones, propiedades, vehículos y embarcaciones, así como para presuntamente alquilar residencias para almacenar las drogas.

Entre los 23 cargos formulados en la acusación figuran conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, narcotráfico, lavado de dinero, conspiración de represalia contra testigos y transacciones monetarias ilegales mayores de $10,000.

“Esta acusación no solo alega delitos violentos, sino que también alega que estos delitos fueron cometidos de manera abierta y descarada, y que miembros inocentes de la comunidad fueron asesinados”, expresó, en declaraciones escritas, el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow.

La pesquisa federal también vinculó a la organización con una cadena de asesinatos ocurridos entre 2020 y 2022 en el oeste de Puerto Rico y en el estado de Florida, supuestamente relacionados con una disputa surgida tras el secuestro de Manuel Antonio Valentín Vega, alias “Nano” y “El Viejo”, uno de los líderes del grupo criminal.

A preguntas de periodistas, Muldrow confirmó que Valentín Vega es el dueño del Centro Agrícola El Rancho, en el barrio Piñales de Añasco, pero dijo desconocer si es hijo del fallecido exalcalde Antonio “Toño” Valentín Vega, de ese municipio. No obstante, fuentes de El Nuevo Día confirmaron que, en efecto, es hijo del exfuncionario.

Según la acusación, Valentín Vega fue secuestrado en abril de 2020 por presuntos narcotraficantes rivales y, posteriormente, fue liberado. Tras el incidente, Valentín Vega, supuestamente, ordenó los asesinatos de varias personas vinculadas a su secuestro.

Uno de los ataques ocurrió el 21 de mayo de 2020 en Añasco, cuando presuntos miembros de la organización dispararon contra un vehículo creyendo que dentro se encontraba uno de los supuestos responsables del secuestro.

Sin embargo, de acuerdo con Fiscalía federal, el tiroteo culminó con la muerte de la pareja consensual del supuesto rival y de la hija de esta, una niña de ocho años.

La acusación también detalló otros asesinatos posteriores ocurridos en Mayagüez, incluyendo el de un vecino presuntamente vinculado al mismo conflicto y, días después, el asesinato del hombre al que originalmente buscaban atacar, junto a otra persona que se encontraba dentro de una residencia.

Asimismo, el documento sostiene que uno de los hombres vinculados inicialmente al ataque de Añasco posteriormente comenzó a cooperar con las autoridades estatales en investigaciones relacionadas con los homicidios.

Según la Fiscalía federal, tras conocer que cooperaba con las autoridades, la empresa criminal ordenó su muerte. El hombre fue asesinado en octubre de 2021.

La pesquisa federal también mencionó un asesinato ocurrido en el estado de Florida en abril de 2022 que, según la acusación, fue ordenado contra otro individuo presuntamente relacionado con el secuestro inicial de Valentín Vega.

Bajo este esquema las autoridades federales acusaron a Valentín Vega, a Rafael Ángel Ruiz Garces, a César “Waldy” Carrero Martínez, a Luis “Luijo” Irizarry Zapata y a Luis “Nino” Rivera Quiñonez, presuntos miembros de la organización criminal “La Empresa”.

Un sexto sujeto, identificado como Jonathan “Tan” Hernández Ruiz, continúa fugitivo, pero las autoridades federales aseguraron que lo localizaron fuera del país, por lo que lo exhortaron a entregarse.

De acuerdo con las autoridades federales, los acusados ocupaban distintos roles dentro de la organización, incluyendo líderes, transportistas, ejecutores y encargados de la operación de lavado de dinero.

En el pliego acusatorio también se solicitó la confiscación de propiedades ubicadas en Aguada, Añasco y Cabo Rojo, además de dos embarcaciones presuntamente utilizadas por la organización criminal.

Por su parte, la directora de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en San Juan, Rebecca González, precisó que el operativo representa “una de las fases de la operación La Fundación”, que inició con el arresto de José Luis Rodríguez Cumba.

Esto significa que el operativo está vinculado a una presunta red de narcotráfico que las autoridades federales investigaban desde hace años por supuestamente lavar dinero de la venta de drogas mediante negocios legítimos y depósitos relacionados con premios de la Lotería de Puerto Rico.

González confirmó que el caso fue presentado bajo la Ley RICO, que combate el crimen organizado, permitiendo procesar a los líderes de una organizaciones criminales por los delitos que presuntamente cometieron sus subordinados.

Además, indicó que se llevaron a cabo nueve órdenes de allanamiento en los municipios de Rincón, Añasco, Aguada y Fajardo. Además, se incautaron 10 armas de fuego, 1 kilo de cocaína y 23 carros lujosos.

De ser encontrados culpables, los acusados enfrentan hasta cadena perpetua.

Mientras, Valentín Vega e Irizarry Zapata también serían elegibles para la pena de muerte, según las autoridades federales.